miércoles, 14 de diciembre de 2011

Derechos Humanos

Situación de los Derechos Humanos 
en América Latina

Foto: WAN-IFRA América Latina

Impunidad y democracia
©Santiago A Cantón / Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La aprobación en París, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos impulsó uno de los cambios de paradigma más importantes en la historia de la humanidad, al reconocerles derechos a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ese fue el primer paso en la construcción de un andamiaje jurídico universal que aspiraba a poner fin a miles de años de injusticias para millones de personas. Fue un momento histórico en el que prevaleció un espíritu de grandeza y esperanza.
Hoy, 63 años después, sabemos lo difícil que es hacer efectivos los ideales expresados en París: el advenimiento de un mundo en que todos los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.
Nuestra propia historia nos ha dejado una buena lección. Los países de América Latina tuvieron un rol central en la aprobación de la Declaración Universal y en la incorporación en la misma de algunas de las disposiciones mas importantes. Solo ocho meses antes de la adopción de la Declaración Universal, nuestra región había adoptado en Bogotá la Declaración Americana, reconociendo los derechos humanos para todos los habitantes de este continente.
Lamentablemente, ese espíritu no duró mucho tiempo. Años más tarde, América Latina introdujo la palabra desaparecido al diccionario jurídico; las democracias fueron sustituidas por dictaduras y las masacres y torturas se convirtieron en moneda corriente.
La región tiene una historia pendular de democracia y derechos humanos por un lado y masacres y dictaduras por el otro. A partir de los ochenta comenzó una etapa de desarrollo democrático que, salvo excepciones aisladas, ha inclinado el péndulo del lado democrático como nunca antes en nuestra historia. Pero esa misma historia pendular nos obliga a persistir en la construcción de condiciones que impidan oscilar nuevamente hacia el autoritarismo.
Son muchos los factores necesarios en la construcción de un Estado de derecho sustentable. Pero hay uno indispensable: justicia por las violaciones a los derechos humanos y por la destrucción del sistema democrático. La impunidad corroe a toda la sociedad y construye sociedades injustas, desiguales, discriminatorias, en donde el ideal de progreso e igualdad es avasallado por estructuras de poder formales e informales que protegen y benefician a los sectores más favorecidos y perjudica a los más vulnerables.
En ese océano de impunidad, la que mayor daño produce es la que impide sancionar a las personas que reinaron sobre la vida y la muerte de los latinoamericanos y destruyeron la democracia. La impunidad que protege a aquellos que asesinaron y torturaron a miles de personas y prohibieron a los pueblos decidir su propio destino. La falta de justicia alimenta la repetición de esas atrocidades y transforma a la ley en el escudo de los poderosos.
En nuestra región se están dando pasos muy positivos para ponerle fin a esa impunidad. A través de leyes y procesos históricos, nacionales e internacionales, se iniciaron juicios contra las personas acusadas de graves violaciones a los derechos humanos. En Perú, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión; en Chile se juzgó a cientos de responsables de violaciones. En Brasil, Uruguay y México se están dando los primeros pasos en este sentido. Argentina anulo completamente las leyes de amnistía y se encuentra en un proceso, modelo para el mundo, en el que se esta enjuiciando a todos los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
En este nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos podemos celebrar que cada vez son más los países que aceptan que el combate contra la impunidad por violaciones a los derechos humanos constituye un pilar fundamental de la democracia y el Estado de Derecho. La incansable búsqueda de justicia de las víctimas de derechos humanos ha sentado las bases para un Estado de derecho duradero. Pero no podemos descansar en este camino. Nuestra historia enseña que lo que está en juego es demasiado importante y que el péndulo no se detiene fácilmente.


México
A la alza quejas en Derechos Humanos
Fuente: Milenio.com
Puebla/ Lucero Hernández

La violación a los derechos humanos continúa siendo una constante en México. A la fecha no existe estado alguno del país que no presente reporte de trasgresión a los derechos civiles de los individuos; tan sólo en Puebla suman 140 quejas principalmente en abusos contra migrantes y pacientes en instituciones de salud.
Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, como un llamado de paz que evite daños, violaciones y actos discriminatorios entre personas.
México es considerado por el Organismo de las Naciones Unidas (ONU) como un país de alto riesgo en violación de derechos humanos, principalmente contra migrantes, activistas y periodistas, situación que se presenta de manera generalizada en las 32 entidades.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos que difunde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los estados con mayor tasa de quejas son: Distrito Federal, Veracruz, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas.
En contraste, las entidades que menor reporte de violaciones a los derechos humanos presentan son: Tlaxcala, Aguascalientes, Campeche, Baja California Sur, Colima y Yucatán.
Durante los 10 primeros meses del año, la CNDH reportó un total de 140 quejas por trasgresiones a los derechos humanos, de las cuales 68 involucran a sólo dos instituciones públicas: Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación y e IMSS.
Con una representación del 48.5 por ciento, estos organismos federales han sido denunciados por obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social, atención médica y negligencia médica, incumplir con el pago de pensión y prestar indebidamente el servicio público.
Existen sólo dos quejas por trato cruel, degradante o inhumano, que involucra a estas dependencias del gobierno federal, además de una queja por retención ilegal de la Secretaría de Defensa Nacional.


Colombia
ONU preocupada por violencia de grupos armados post desmovilización en el país

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la oficina en Colombia de las Naciones Unidas aseguró que la violencia ejercida por grupos armados de desmovilizados ha aumentado.
Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó que los avances más importantes en esa materia de en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero así mismo explicó que la violencia de los grupos armados post desmovilización, es la mayor preocupación.
Según Salazar, la tendencia de la violencia por estos grupos ha aumentado en varios municipios del país, por lo que preocupa la situación de los líderes comunitarios en zonas de influencia de estos grupos armados.
“La oficina observó la intensificación de la violencia generada por estos grupos armados ilegales, en el año 2010, pero esta tendencia se mantuvo en el 2011. Conocimos casos de extrema crueldad en varios municipios del país, cometidos por los ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’, ‘Los Paisas’, entre los que se vieron asesinatos, amenazas, maltratos físicos, psicológicos y verbales, extorsiones a gran escala, desplazamientos forzados individuales y colectivos y actos de actos de violencia sexual y explotación a niños y mujeres”, hizo énfasis.
Para la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la situación del departamento de Nariño es particular. Según expresó Salazar, encontraron casos de violación de Derechos Humanos en los que las víctimas “fueron golpeadas con machetes, amenazados a ser descuartizados y obligados a trabajo forzosos” explicó.
Christian Salazar además explicó que se evidenciaron otros casos, en los que los grupos armados ilegales, que se constituyeron luego de las desmovilizaciones masivas, llevaron a cabo juicios públicos a habitantes de veredas que tienen presencia constante de esa delincuencia.
Según Salazar en estos casos, “se les obligaba a las víctimas llevar etiquetas que indicaban las supuestas razones del juicio” explicó.
Además la oficina recibió información de víctimas que fueron desnudadas, violadas o sometidas a tratos denigrantes como el de comer materia fecal de animales.
Christian Salazar, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos además aseguró que en el país cada vez se ratifica más la práctica del reclutamiento de niños y jóvenes por estos nuevos grupos armados de desmovilizados.
Salazar aseguró que todos estos casos se presentaron en el país hace pocos meses, causando en los diferentes municipios, más vulnerables en materia de seguridad, en el país, terror y que afectación al oficio legitimo de la defensa de los derechos humanos. Agregó que por todo ello los líderes sociales y comunitarios corren riesgo día a día “por el abandono y total desprotección del Estado”.
Frente a la situación nacional, Salazar hizo un llamado al Gobierno para que trabaje en los temas de prevención, ya que la falta de oportunidades es el principal motivo, por el que los jóvenes del país, siguen ingresando a los grupos armados y pidió que sea necesario establecer políticas públicas que respondan a la problemática.
“Esto pasa ya que Colombia no cuenta con una política de juventud e institucionalidad lo suficientemente fuerte que permita evitar las violaciones de derechos humanos” agregó.
Así mismo, refiriéndose al caso Mapiripan, explicó que “hay mucho en juego, por eso me preocupa los intentos de estigmatizar a las víctimas y de desprestigiar su organizaciones, sus representantes y abogados”.
Según Salazar esta estigmatización busca debilitar la ley, incluso antes de que comience a implementarse la ley de víctimas de restitución de tierras.
Por ello dijo que el Estado, la sociedad y la comunidad internacional, deben “respaldar a las víctimas y sus organizaciones y la implementación de la ley”.
El Apoyo que brindará al proceso de implementación de la ley de víctimas y restitución de víctimas
• La observación del proceso en cuanto a las amenazas y ataques a la vida de los reclamantes o funcionarios públicos que intervienen en el proceso.
• La asesoría técnica en la construcción de una política nacional de protección integral
• La formación técnica de los jueces agrarios internacionales de justicia transicional, la protección de los derechos humanos, y derecho a la tierra
• Campaña nacional sobre derechos a la protección y la restitución.

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